Resumen: El Estado del bienestar ha traído consigo la masificación de las relaciones jurídicas entre grandes empresas por un lado, y consumidores y usuarios por otro. Estas relaciones se repiten día a día y todas ellas tienen a menudo las mismas características, de manera que es habitual encontrar que, cuando se produce un hecho dañino hacia los particulares, todos los miembros del grupo son afectados de la misma forma. Prácticamente todos los países de nuestro entorno han pretendido incorporar (con más o menos acierto) normativas tendentes a proteger a los consumidores y usuarios en el marco de estas relaciones. Pero esta protección no será operativa si no se incorporan al mismo tiempo mecanismos procesales que permitan a los particulares ver defendidos sus derechos de forma ágil, eficaz y eficiente. En este trabajo se analiza la regulación española de tutela colectiva de intereses de consumidores y usuarios, así como algunas instituciones propias de otros ordenamientos jurídicos. Se intenta a través de dicho análisis resaltar algunos problemas de nuestra regulación y señalar posibles soluciones a los mismos planteadas por autores nacionales o extranjeros, o ya existentes en otros ordenamientos de nuestro entorno.