La necesidad de que el objeto social abarque la prestación licitada en los procedimientos de contratación pública: ¿un requisito a eliminar?
Resumen: RESUMEN: La actual legislación de contratos públicos exige una estrecha vinculación entre el objeto social de las personas jurídicas y las prestaciones a licitar. Esta particular conexión ha sido minuciosamente analizada, aceptándose una interpretación extensiva de la misma y no exigiéndose una coincidencia literal o una total identidad entre el objeto social y la prestación contratada. Sin embargo, pese a esta concepción amplia, existen notables divergencias con la regulación mercantil sobre capacidad, que solamente excluye los negocios claramente contradictorios o denegatorios del objeto social. En este sentido, sería razonable una modificación de la normativa de contratación pública para equipararla a de la regulación privada en materia de capacidad y objeto social. A través de tal equivalencia se conseguiría una mejora de la concurrencia competitiva, se facilitaría la labor de los órganos de contratación y se reduciría la litigiosidad, todo ello sin un incremento sensible de los riesgos de adjudicación de los contratos a licitadores que no estén los suficientemente preparados.
ABSTRACT: Current regulation of public procurement demands a close connection between companies» corporate purposes and contractual benefits which are under public tendering. This particular connection has been particularly analysed by the courts and by the Academy, who have accepted a broad interpretation without requiring a total identity or an exact match between corporate purpose and contractual benefits. Nevertheless, there are significant divergences compared with corporate regulation of capacity, which only excludes contracts clearly contradicting or denying corporate purposes. In this regard, it will be reasonable to
promote an amendment to public procurement regulation in order to equate it with private law approach to capacity and corporate purpose. Through this balance, an increase i n competition will be reached, the tasks of contracting authorities will be eased, and litigation will be reduced. In addition, these benefits will be achieved without a substantial increase in risks of breach of contract.

Idioma: Español
Año: 2018
Publicado en: Contratación administrativa práctica (Ed. impresa) 155 (2018), 22-36
ISSN: 1579-3036

Tipo y forma: Artículo (PostPrint)
Área (Departamento): Área Derecho Administrativo (Dpto. Derecho Público)

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Exportado de SIDERAL (2024-01-24-15:00:33)


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