Resumen: El presente trabajo de investigación supone un estudio jurídico de los medios previstos en nuestro ordenamiento jurídico para financiar la enseñanza y, de este modo, facilitar el ejercicio de derechos fundamentales. Dentro de estos, cobran protagonismo el derecho a la educación, la creación de centros docentes y la elección del modelo educativo que mejor se ajuste a las propias preferencias. Esta financiación está destinada, pues, a remover los obstáculos económicos que pueden dificultar la ejecución de esos derechos. Al mismo tiempo, esta colaboración económica de la Administración educativa con las instituciones educativas de origen social le supone a aquella un ahorro dentro del presupuesto de enseñanza. No obstante, en ocasiones se ha entendido que una de sus consecuencias es la incorporación de los centros financiados al sistema público de educación, aspecto sobre el cual se profundiza. La conclusión es que esta financiación no tiene por objeto que la Administración absorba a los centros privados sino, simplemente, facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales. Por otra parte, se trata de una tarea en que la persona es insustituible, por lo que el servicio público no podría llegar a colmar todas las expectativas y necesidades del titular del derecho fundamental.
Para abordar estas cuestiones se comienza estudiando el régimen jurídico de la creación de centros docentes. A partir de aquí se estudian los diferentes medios de financiación de la enseñanza y se realizan propuestas de nuevos cauces que sigan facilitando el ejercicio de estos derechos y el ahorro para el Estado. Idioma: Español DOI: 10.51302/ceflegal.2013.11617 Año: 2013 Publicado en: CEFLegal, revista práctica de derecho 145 (2013), 91-130 ISSN: 2697-1631 Tipo y forma: Artículo (Versión definitiva) Área (Departamento): Área Dcho.Eclesiástico Estado (Dpto. Derecho Público)