Resumen: La introducción del patrimonio protegido de las personas con discapacidad en Derecho español obedece a la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria, aprobada con la finalidad de vincular determinados bienes a las necesidades vitales de los discapacitados. En particular, el objeto de esta ley es la regulación de nuevos mecanismos de protección de las personas con discapacidad. Es decir, regular una masa patrimonial la cual queda directamente vinculada a la satisfacción de las necesidades vitales de una persona con discapacidad, favoreciendo así la constitución de este patrimonio y la aportación a titulo gratuito de bienes y derechos a la misma.