Abstract: En los últimos años, más todavía desde que emergió la crisis en el sector inmobiliario, los contribuyentes han visto cómo su capacidad económica, como principio constitucional protegido por el artículo 31.1 de la CE, se ha visto mermada por las exigencias de los ayuntamientos a pagar tan altas cantidades de plusvalías municipales. Hoy en día ya contamos con jurisprudencia del TC pionera en el sentido de pronunciarse sobre la inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos que regulan la configuración de la base imponible del IIVTNU, en cuya fórmula objetiva prevista por el legislador radica el problema que, extensamente, se analiza en este trabajo.