Resumen: El presente trabajo tiene por objetivo explicar el conflicto surgido entre las CCAA de Aragón, Galicia y Cataluña y el Estado, por la competencia sobre la concesión de almacenamiento geológico de dióxido de carbono. El origen del mismo se remonta a la Ley 40/2010, la cual atribuyó dicha potestad a la Administración General del Estado con base en el art. 149.1.13 CE. Sin embargo, durante la vigencia de la controversia la doctrina se manifestaría en defensa de la posición de las CCAA, criticando duramente al legislador por el razonamiento utilizado para realizar la centralización en la exposición de motivos. Cinco años después el conflicto culminaría en la STC 165/2016, de 6 de octubre, declarando conforme a la constitución la asignación de la potestad al Estado pero en un título de la constitución diferente.