Resumen: La realidad actual muestra que el poder político en las sociedades democráticas se ha configurado en torno a la homogeneidad social y la uniformidad cultural. Esto ha conllevado una reducción de las culturas a favor de la mayoritaria, confundiendo igualdad con uniformidad, y unidad con homogeneidad, desembocando así en un empobrecimiento del espectro sociocultural y de su diversidad. Ahora, los cambios sociales que están teniendo lugar (inmigración, globalización) ponen en evidencia que la esfera pública de las sociedades democráticas se cimenta sobre criterios que institucionalizan la exclusión, lo cual socava la idea de universalidad de los derechos. Esta situación supone un desafío a la hora de gestionarla jurídicamente y de encontrar la mejor respuesta normativa para tratar esta diversidad. Es tarea iusfilosófica delimitar adecuadamente los conceptos y articular los valores en los que se basen propuestas normativas para contextualizar y comprender el discurso sobre pluralismo cultural de las sociedades democráticas, así como discernir cual es el marco jurídico más adecuado para integrar las distintas culturas de modo que permita una convivencia democrática en un Estado de Derecho entre los inmigrantes procedentes de otras culturas y las distintas culturas de ámbito nacional. Nuestra propuesta se centra en la gestión de la diversidad desde las Administraciones Públicas. Se trata de ser realistas y de aportar pequeñas soluciones jurídicas factibles, como son los conceptos de “acomodamientos razonables” y “ajustes acordados”, surgidos en la jurisprudencia estadounidense y canadiense (concretamente en Québec). El fin de este trabajo es el encaje jurídico de esta diversidad a través de una óptica iusfilosófica fundamentada en un nuevo concepto de ciudadanía más inclusivo