Resumen: El objeto de esta obra se centra en el estudio del proceso de modernización de la Administración de Justicia y la evolución en el empleo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, así como los cambios producidos en la legislación procesal hasta llegar a la solución Justicia Digital, cuyo objetivo principal es la consecución de forma definitiva del expediente judicial electrónico y del proceso judicial digital. Por lo que respecta a la estructura de la obra, esta se divide en tres capítulos principales: - En el primero de ellos se abordan los antecedentes del proceso modernizador, tanto en la Administración Pública (aceptación de textos mecanografiados en las oficinas públicas, su progresiva mecanización y automatización y la incorporación de las nuevas tecnologías informáticas y telemáticas en el desarrollo de su actividad y en sus relaciones con los ciudadanos) como en la Administración de Justicia (la aparición de las primeras referencias a las nuevas tecnologías en el ámbito judicial, el papel del Consejo General del Poder Judicial en el proceso de modernización, la progresiva incorporación de medios técnicos de documentación y reproducción en el desarrollo de la actividad judicial, la necesaria reforma de las leyes de procedimiento llevada a cabo para su adaptación al proceso de innovación tecnológica y las políticas públicas puestas en marcha para la modernización de la Administración de Justicia). En la última parte de este primer capítulo se lleva a cabo un estudio de los primeros sistemas y planes de informatización de la Administración de Justicia implantados a nivel estatal y autonómico la generalización y la necesaria compatibilidad de los sistemas de gestión procesal (fundamentales para la articulación del expediente judicial electrónico) y los sistemas de consulta e información de la Administración de Justicia. - En el segundo capítulo, se lleva a cabo una retrospectiva sobre el funcionamiento de la oficina judicial en el pasado, desde las tradicionales secretarías judiciales y el agotamiento de su modelo hasta llegar a la nueva oficina judicial. Asimismo, sobre la figura encargada de su dirección y jefatura, el secretario judicial o letrado de la Administración de Justicia en la actualidad. La implantación de la nueva oficina judicial lleva consigo una serie de modificaciones procesales en todos los órdenes jurisdiccionales para adaptarse a esta nueva organización judicial, que implica el uso de nuevas tecnologías y la informatización de la Administración de Justicia. A ello hay que añadir las consideraciones que traen causa de exigencias de instrumentos, como son la transparencia y la estadística judicial, sin que en ningún caso se produzca una merma en las garantías del justiciable. También son objeto de análisis los diferentes planes llevados a cabo no solo por el Ministerio de Justicia, sino también por el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal, para la modernización de la Justicia, así como la distribución de competencias entre el Consejo, la Administración central y las Administraciones autonómicas necesarias para su efectiva implantación. - En el tercer y último capítulo se plantean las cuestiones relativas a la definitiva implantación de la Administración Judicial electrónica, la reforma en las actuaciones procesales y la generalización de los medios electrónicos y telemáticos en estas, teniendo su culminación con la implementación de la Justicia Digital y la obligatoriedad de uso de estos medios en la Administración de Justicia. En la última parte de la obra se analiza el impulso definitivo que ha producido, en todo este proceso modernizador, la crisis sanitaria provocada por el virus de la COVID ¿19. En concreto, las medidas excepcionales y transitorias adoptadas para evitar la presencialidad física y las aglomeraciones en las dependencias judiciales, que suponen además un importante salto innovador con respecto a la situación existente en el momento de producirse la pandemia, considerándose incluso que esa transitoriedad se convierta en definitiva, con los pros y contras que también son objeto de estudio, especialmente en lo relativo a la inmediación, oralidad y publicidad de las actuaciones.