Redondo Mora, Pablo
García Ruiz, Pablo Emilio (dir.)
Universidad de Zaragoza,
2024
Resumen: El análisis de impacto normativo es una herramienta utilizada en el proceso de elaboración de las propuestas normativas de origen gubernamental. Este análisis, que se realiza como requisito previo a la aprobación de una disposición normativa, permite anticipar los efectos, costes y beneficios que una propuesta normativa puede tener en diferentes ámbitos de la sociedad.
El objetivo principal de este tipo de evaluación prospectiva es producir información que facilite la discusión y toma de decisiones de forma racional y coherente en el diseño y revisión de las normas que elaboran las instituciones gubernamentales. Lo que se pretende con este tipo de evaluación es proporcionar información de calidad que permita a cada institución responsable del diseño de una norma reflexionar con carácter previo sobre los beneficios, los costes y los efectos potenciales de cada una de las alternativas disponibles. Por lo tanto, con la aplicación de esta herramienta se pueden anticipar los efectos que la regulación puede tener sobre los individuos, la sociedad, la economía y la propia administración. De esta forma, se dota de mayor racionalidad al proceso de toma de decisiones y se garantiza la elección de la alternativa más eficiente.
En España, de acuerdo con la normativa vigente, todo anteproyecto de ley y proyecto de reglamento remitido a las Cortes debe ir acompañado de una memoria que recoja los resultados de los análisis de impacto normativo a nivel económico y presupuestario, por razón de género y, desde 2015, también en la familia y en la infancia y la adolescencia. Sin embargo, los análisis de impacto normativo en la familia y en la infancia y la adolescencia no se están realizando de forma adecuada. Algunas memorias de análisis de impacto normativo (en adelante, MAIN) no incluyen los análisis en la familia y en la infancia y la adolescencia, contraviniendo el reglamento, y entre las que sí los incluyen, la mayoría indican que no existe impacto, evitando así realizar los análisis, incluso en ocasiones en las que el impacto puede parecer evidente. Mientras que, cuando se indica un impacto positivo, en muchas ocasiones no se razona la valoración del impacto, o, en caso de hacerlo, únicamente se realiza una simple declaración de intenciones.
Ante las deficiencias en la realización de los análisis de impacto normativo en la familia y en la infancia y la adolescencia, el Consejo de Estado ha realizado advertencias en diversas ocasiones sobre la necesidad de realizar correctamente estos análisis, así como que las MAIN incluyan los contenidos que les corresponde. Además, en 2018, el Tribunal Supremo comenzó a declarar la nulidad de normativas reglamentarias por eludir la obligación de incluir el impacto normativo en la familia en la MAIN, como sucedió con la Orden ECD/2574/2015, de 2 de diciembre, por la que se aprueba la metodología para la determinación de las tarifas generales en relación con la remuneración exigible por la utilización del repertorio de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.
Una de las razones por las que el análisis de impacto normativo en la familia y en la infancia y la adolescencia no se está realizando de la forma esperada es por la falta de unas directrices sobre cómo realizar dicho análisis. Y es que, aunque la Administración General del Estado publicó en 2009 una guía metodológica para la elaboración de la memoria del análisis de impacto normativo, esta ha quedado obsoleta, pues no contempla el análisis de impacto normativo en la familia y en la infancia y la adolescencia, así como otros requisitos introducidos posteriormente mediante el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo. En este contexto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha destacado la necesidad de actualizar la guía metodológica para incluir instrucciones sobre la realización de los nuevos apartados del análisis de impacto normativo (OCDE, 2019a, p. 176). Además, tanto la OCDE como la literatura académica de referencia, recomiendan que se aproveche dicha actualización para mejorar las orientaciones sobre los métodos de recopilación y análisis de datos e incluir materiales adicionales que faciliten el análisis, simplificado y reduciendo así las cargas que esta tarea implica actualmente al personal de la Administración Pública (OCDE, 2018, p. 230; 2021, p. 282; Ortí, 2016, p. 79).
En el caso del análisis de impacto normativo en la infancia y la adolescencia, existe una guía metodológica no oficial presentada en el año 2015 por UNICEF, el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Principado de Asturias y la Cátedra Santander de Derecho y Menores de la Universidad Pontificia de Comillas (Becedóniz et al., 2015). Sin embargo, al ser un documento no oficial, su uso no parece estar muy extendido en la Administración Pública. Al ya existir una guía de referencia para analizar el impacto normativo en la infancia y la adolescencia, esta tesis doctoral se centra únicamente en el caso del análisis de impacto normativo en la familia, para el que todavía no se ha elaborado ninguna propuesta metodológica que facilite su realización. Ante la ausencia de una metodología e instrumentos de análisis específicos, es necesario elaborar unas directrices que ayuden a identificar qué propuestas normativas es previsible que ocasionen algún tipo de impacto considerable en el bienestar de las familias, tal y como han indicado previamente a la elaboración de esta tesis doctoral Fernando García Mengual (2017), Sara Sieira Mucientes (2019), Víctor Torre de Silva (2020) y Pablo García Ruiz (2020), que son los únicos investigadores que han abordado el análisis de impacto normativo en la familia en el contexto español.
A nivel internacional, investigadores de otros países también han abordado la necesidad de desarrollar metodologías para analizar el impacto de las normas sobre la familia. Es especialmente relevante el Family Impact Analysis (Ooms, 1995), una herramienta pensada para facilitar a los políticos y técnicos de la adminstración la adopción de una perspectiva de familia en la formulación de políticas públicas. Para ello, aporta una serie de procedimientos y materiales, entre los que destaca el Family Impact Checklist, una lista de verificación que, en su versión más reciente (Bogenschneider, Little, Ooms, Benning, y Cadigan, 2012), facilita la identificación del impacto de las propuestas normativas sobre una serie de dimensiones del bienestar familiar. Esta lista de verificación ha sido adaptada y aplicada por gobiernos nacionales y regionales de otros países, como Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Hong Kong.
Además, en Reino Unido se han desarrollado otras dos iniciativas distintas para analizar el impacto familiar de las propuestas normativas. La primera de ellas, es el modelo 3 Domains and 7 Levers of Influence (Wong, 2010b), que, aunque nunca ha llegado a aplicarse, proporciona recursos útiles para analizar los impactos indirectos y acumulativos que las políticas tienen sobre las familias. La segunda iniciativa es el Family Test empleado por el Gobierno de Reino Unido. Este modelo promueve la incorporación de una perspectiva de familia a la elaboración de políticas públicas, fomentando en todos los departamentos gubernamentales la reflexión sobre cómo influyen sus políticas sobre las relaciones familiares. Para ello, se publicó una guía metodológica (Departamento de Trabajo y Pensiones, 2014, 2020) que indica los procedimientos a seguir para realizar el análisis e incorpora una serie de preguntas sobre cómo la propuesta normativa en cuestión puede afectar a distintas dimensiones del bienestar familiar.
Partiendo de estos antecedentes y de la propia normativa que regula el análisis de impacto normativo en España, esta tesis doctoral desarrolla una propuesta metodológica para realizar este tipo de análisis en España y sus Comunidades Autónomas.
Resumen (otro idioma):
El objetivo principal de este tipo de evaluación prospectiva es producir información que facilite la discusión y toma de decisiones de forma racional y coherente en el diseño y revisión de las normas que elaboran las instituciones gubernamentales. Lo que se pretende con este tipo de evaluación es proporcionar información de calidad que permita a cada institución responsable del diseño de una norma reflexionar con carácter previo sobre los beneficios, los costes y los efectos potenciales de cada una de las alternativas disponibles. Por lo tanto, con la aplicación de esta herramienta se pueden anticipar los efectos que la regulación puede tener sobre los individuos, la sociedad, la economía y la propia administración. De esta forma, se dota de mayor racionalidad al proceso de toma de decisiones y se garantiza la elección de la alternativa más eficiente.
En España, de acuerdo con la normativa vigente, todo anteproyecto de ley y proyecto de reglamento remitido a las Cortes debe ir acompañado de una memoria que recoja los resultados de los análisis de impacto normativo a nivel económico y presupuestario, por razón de género y, desde 2015, también en la familia y en la infancia y la adolescencia. Sin embargo, los análisis de impacto normativo en la familia y en la infancia y la adolescencia no se están realizando de forma adecuada. Algunas memorias de análisis de impacto normativo (en adelante, MAIN) no incluyen los análisis en la familia y en la infancia y la adolescencia, contraviniendo el reglamento, y entre las que sí los incluyen, la mayoría indican que no existe impacto, evitando así realizar los análisis, incluso en ocasiones en las que el impacto puede parecer evidente. Mientras que, cuando se indica un impacto positivo, en muchas ocasiones no se razona la valoración del impacto, o, en caso de hacerlo, únicamente se realiza una simple declaración de intenciones.
Ante las deficiencias en la realización de los análisis de impacto normativo en la familia y en la infancia y la adolescencia, el Consejo de Estado ha realizado advertencias en diversas ocasiones sobre la necesidad de realizar correctamente estos análisis, así como que las MAIN incluyan los contenidos que les corresponde. Además, en 2018, el Tribunal Supremo comenzó a declarar la nulidad de normativas reglamentarias por eludir la obligación de incluir el impacto normativo en la familia en la MAIN, como sucedió con la Orden ECD/2574/2015, de 2 de diciembre, por la que se aprueba la metodología para la determinación de las tarifas generales en relación con la remuneración exigible por la utilización del repertorio de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.
Una de las razones por las que el análisis de impacto normativo en la familia y en la infancia y la adolescencia no se está realizando de la forma esperada es por la falta de unas directrices sobre cómo realizar dicho análisis. Y es que, aunque la Administración General del Estado publicó en 2009 una guía metodológica para la elaboración de la memoria del análisis de impacto normativo, esta ha quedado obsoleta, pues no contempla el análisis de impacto normativo en la familia y en la infancia y la adolescencia, así como otros requisitos introducidos posteriormente mediante el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo. En este contexto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha destacado la necesidad de actualizar la guía metodológica para incluir instrucciones sobre la realización de los nuevos apartados del análisis de impacto normativo (OCDE, 2019a, p. 176). Además, tanto la OCDE como la literatura académica de referencia, recomiendan que se aproveche dicha actualización para mejorar las orientaciones sobre los métodos de recopilación y análisis de datos e incluir materiales adicionales que faciliten el análisis, simplificado y reduciendo así las cargas que esta tarea implica actualmente al personal de la Administración Pública (OCDE, 2018, p. 230; 2021, p. 282; Ortí, 2016, p. 79).
En el caso del análisis de impacto normativo en la infancia y la adolescencia, existe una guía metodológica no oficial presentada en el año 2015 por UNICEF, el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Principado de Asturias y la Cátedra Santander de Derecho y Menores de la Universidad Pontificia de Comillas (Becedóniz et al., 2015). Sin embargo, al ser un documento no oficial, su uso no parece estar muy extendido en la Administración Pública. Al ya existir una guía de referencia para analizar el impacto normativo en la infancia y la adolescencia, esta tesis doctoral se centra únicamente en el caso del análisis de impacto normativo en la familia, para el que todavía no se ha elaborado ninguna propuesta metodológica que facilite su realización. Ante la ausencia de una metodología e instrumentos de análisis específicos, es necesario elaborar unas directrices que ayuden a identificar qué propuestas normativas es previsible que ocasionen algún tipo de impacto considerable en el bienestar de las familias, tal y como han indicado previamente a la elaboración de esta tesis doctoral Fernando García Mengual (2017), Sara Sieira Mucientes (2019), Víctor Torre de Silva (2020) y Pablo García Ruiz (2020), que son los únicos investigadores que han abordado el análisis de impacto normativo en la familia en el contexto español.
A nivel internacional, investigadores de otros países también han abordado la necesidad de desarrollar metodologías para analizar el impacto de las normas sobre la familia. Es especialmente relevante el Family Impact Analysis (Ooms, 1995), una herramienta pensada para facilitar a los políticos y técnicos de la adminstración la adopción de una perspectiva de familia en la formulación de políticas públicas. Para ello, aporta una serie de procedimientos y materiales, entre los que destaca el Family Impact Checklist, una lista de verificación que, en su versión más reciente (Bogenschneider, Little, Ooms, Benning, y Cadigan, 2012), facilita la identificación del impacto de las propuestas normativas sobre una serie de dimensiones del bienestar familiar. Esta lista de verificación ha sido adaptada y aplicada por gobiernos nacionales y regionales de otros países, como Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Hong Kong.
Además, en Reino Unido se han desarrollado otras dos iniciativas distintas para analizar el impacto familiar de las propuestas normativas. La primera de ellas, es el modelo 3 Domains and 7 Levers of Influence (Wong, 2010b), que, aunque nunca ha llegado a aplicarse, proporciona recursos útiles para analizar los impactos indirectos y acumulativos que las políticas tienen sobre las familias. La segunda iniciativa es el Family Test empleado por el Gobierno de Reino Unido. Este modelo promueve la incorporación de una perspectiva de familia a la elaboración de políticas públicas, fomentando en todos los departamentos gubernamentales la reflexión sobre cómo influyen sus políticas sobre las relaciones familiares. Para ello, se publicó una guía metodológica (Departamento de Trabajo y Pensiones, 2014, 2020) que indica los procedimientos a seguir para realizar el análisis e incorpora una serie de preguntas sobre cómo la propuesta normativa en cuestión puede afectar a distintas dimensiones del bienestar familiar.
Partiendo de estos antecedentes y de la propia normativa que regula el análisis de impacto normativo en España, esta tesis doctoral desarrolla una propuesta metodológica para realizar este tipo de análisis en España y sus Comunidades Autónomas.
Resumen (otro idioma):
Pal. clave: sociología ; sociología jurídica ; políticas sociales públicas ; política social
Titulación: Programa de Doctorado en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales
Plan(es): Plan 507
Área de conocimiento: Ciencias Sociales y jurídicas
Nota: Presentado: 02 07 2024
Nota: Tesis-Univ. Zaragoza, , 2024
Aportación del TFG/M a la Sostenibilidad: Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
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Registro creado el 2024-10-04, última modificación el 2024-10-04
