Bravo Suárez, Andrea Romina
Salinas Alcega, Sergio (dir.)
Universidad de Zaragoza,
2024
Resumen: El principal desafío del Sistema Interamericano de Derechos Humano (SIDH) es lograr el efectivo cumplimiento de los derechos humanos en todo el Continente. Desde su surgimiento, todos sus órganos han tratado de cumplir con diversos retos en distintos aspectos ¿a corto y mediano plazo- para avanzar en su fortalecimiento, con miras concretar la promoción, protección y defensa de los derechos humanos.
En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), se han producido una serie de reformas desde su creación; las disposiciones convencionales, estatutarias y reglamentarias, así como la práctica misma del órgano, han resultado en importantes avances en la forma de actuar del tribunal. Con el transcurso del tiempo se ha
convertido en un tribunal auténtico, que ha reaccionado a las necesidades y problemáticas de derechos humanos que ha planteado el Continente americano. El cúmulo de casos y jurisprudencia obligó a la Corte a replantear pautas de comportamiento, procedimientos y normativa, todo con el fin de lograr cumplir con el objetivo último.
En definitiva, gran parte de la efectividad del SIDH se concreta mediante el cumplimiento de las decisiones que emite la CoIDH como intérprete máximo de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).
Paralelamente, los retos que ha tenido y tiene en la actualidad la CoIDH en relación a los casos que le son sometidos trascienden la adecuada interpretación de las cláusulas de derechos humanos y el otorgamiento de las reparaciones debidas, la realidad es lograr que esas sentencias sean cumplidas cabalmente por los Estados condenados. La mayor preocupación de este reto se refleja en la importancia de que los órganos del Estado condenado cumplan con las directrices emitidas en carácter de reparación, trazando una ruta clara de actuación.
En el caso del Estado argentino, el mismo ha demostrado una clara ruta de actuación desde el origen de su intervención en el SIDH. Siempre ha sido destacado por los órganos del sistema por su apertura y su cumplimiento responsable en los casos en que fue condenado al cumplimiento de las reparaciones establecidas.
Pero en el caso de Fontevecchia, el Estado argentino dio un aparente paso atrás en el avance de su apertura al SIDH. En el caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) sentenció que no correspondía acatar la decisión de la Corte IDH porque consideró que lo resuelto en carácter de reparación excedía la competencia de dicho Tribunal regional, y contradecía principios de Derecho Público. Es decir que apeló a la famosa y folclórica disputa entre Derecho Constitucional y Derecho Internacional, para señalar una verdadera disputa de autoridad inter cortes con peligrosos tintes políticos.
Es tan relevante la posición de la Corte argentina en este punto que abre la puerta a muchos interrogantes acerca de la posición de los tribunales internacionales y regionales en materia de derechos humanos, así como de la posición de los Estados en dicho contexto y de la medida de injerencia ante violaciones de derechos humanos.
Los distintos argumentos sentados por la CSJN en la resolución sobre cumplimiento de la condena dictada por la CoIDH en el caso Fontevecchia y D¿Amico vs. Estado Argentino, del 14 de febrero de 2017, constituyen una toma de posición jurídica y política acerca de la obligatoriedad y ejecutoriedad de las decisiones emitidas por el órgano de aplicación del SIDH, generando diversas consecuencias sobre tópicos básicos de Derecho Internacional, tales como el control de convencionalidad, la responsabilidad internacional y su relación con el Derecho interno, o la vigencia y desarrollo del derecho a la libertad de expresión, entre otros.
Entonces, se llega a este punto de análisis, con el interrogante de cuánto ha
sido afectado el desarrollo progresivo del DIDH con la decisión de la CSJN. ¿La decisión de la CSJN reformula teorías sentadas en fallos precedentes, acerca de la relación entre el derecho interno y el derecho internacional? Y de qué manera esto se refleja en la posición del resto de los tribunales, como así también de los demás órganos del Estado argentino.
El caso Fontevecchia, desde el origen en el caso doméstico denominado Menem c. Editorial El Perfil y otros, como en el orden regional, con todos los matices tratados, los derechos involucrados y las posiciones jurídicas sentadas, sin duda ha abierto un sinnúmero de cuestionamientos desde la doctrina constitucionalista e internacionalista, que han revivido viejas discusiones con planteos y argumentos nuevos en un contexto hemisférico que por momentos parece cíclico, y por otros parece renovarse con este tipo de planteos.
El juego de la política interna con la internacional supera el juego de egos inter-órganos, la esencia del debate no es cuánto soporta el Estado argentino o cualquier Estado en SIDH, sino cuánto soportaran las democracias el desconocimiento de la vigencia de los derechos humanos si no es a través del diálogo que los órganos del SIDH obligan a mantener.
Resumen (otro idioma):
En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), se han producido una serie de reformas desde su creación; las disposiciones convencionales, estatutarias y reglamentarias, así como la práctica misma del órgano, han resultado en importantes avances en la forma de actuar del tribunal. Con el transcurso del tiempo se ha
convertido en un tribunal auténtico, que ha reaccionado a las necesidades y problemáticas de derechos humanos que ha planteado el Continente americano. El cúmulo de casos y jurisprudencia obligó a la Corte a replantear pautas de comportamiento, procedimientos y normativa, todo con el fin de lograr cumplir con el objetivo último.
En definitiva, gran parte de la efectividad del SIDH se concreta mediante el cumplimiento de las decisiones que emite la CoIDH como intérprete máximo de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).
Paralelamente, los retos que ha tenido y tiene en la actualidad la CoIDH en relación a los casos que le son sometidos trascienden la adecuada interpretación de las cláusulas de derechos humanos y el otorgamiento de las reparaciones debidas, la realidad es lograr que esas sentencias sean cumplidas cabalmente por los Estados condenados. La mayor preocupación de este reto se refleja en la importancia de que los órganos del Estado condenado cumplan con las directrices emitidas en carácter de reparación, trazando una ruta clara de actuación.
En el caso del Estado argentino, el mismo ha demostrado una clara ruta de actuación desde el origen de su intervención en el SIDH. Siempre ha sido destacado por los órganos del sistema por su apertura y su cumplimiento responsable en los casos en que fue condenado al cumplimiento de las reparaciones establecidas.
Pero en el caso de Fontevecchia, el Estado argentino dio un aparente paso atrás en el avance de su apertura al SIDH. En el caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) sentenció que no correspondía acatar la decisión de la Corte IDH porque consideró que lo resuelto en carácter de reparación excedía la competencia de dicho Tribunal regional, y contradecía principios de Derecho Público. Es decir que apeló a la famosa y folclórica disputa entre Derecho Constitucional y Derecho Internacional, para señalar una verdadera disputa de autoridad inter cortes con peligrosos tintes políticos.
Es tan relevante la posición de la Corte argentina en este punto que abre la puerta a muchos interrogantes acerca de la posición de los tribunales internacionales y regionales en materia de derechos humanos, así como de la posición de los Estados en dicho contexto y de la medida de injerencia ante violaciones de derechos humanos.
Los distintos argumentos sentados por la CSJN en la resolución sobre cumplimiento de la condena dictada por la CoIDH en el caso Fontevecchia y D¿Amico vs. Estado Argentino, del 14 de febrero de 2017, constituyen una toma de posición jurídica y política acerca de la obligatoriedad y ejecutoriedad de las decisiones emitidas por el órgano de aplicación del SIDH, generando diversas consecuencias sobre tópicos básicos de Derecho Internacional, tales como el control de convencionalidad, la responsabilidad internacional y su relación con el Derecho interno, o la vigencia y desarrollo del derecho a la libertad de expresión, entre otros.
Entonces, se llega a este punto de análisis, con el interrogante de cuánto ha
sido afectado el desarrollo progresivo del DIDH con la decisión de la CSJN. ¿La decisión de la CSJN reformula teorías sentadas en fallos precedentes, acerca de la relación entre el derecho interno y el derecho internacional? Y de qué manera esto se refleja en la posición del resto de los tribunales, como así también de los demás órganos del Estado argentino.
El caso Fontevecchia, desde el origen en el caso doméstico denominado Menem c. Editorial El Perfil y otros, como en el orden regional, con todos los matices tratados, los derechos involucrados y las posiciones jurídicas sentadas, sin duda ha abierto un sinnúmero de cuestionamientos desde la doctrina constitucionalista e internacionalista, que han revivido viejas discusiones con planteos y argumentos nuevos en un contexto hemisférico que por momentos parece cíclico, y por otros parece renovarse con este tipo de planteos.
El juego de la política interna con la internacional supera el juego de egos inter-órganos, la esencia del debate no es cuánto soporta el Estado argentino o cualquier Estado en SIDH, sino cuánto soportaran las democracias el desconocimiento de la vigencia de los derechos humanos si no es a través del diálogo que los órganos del SIDH obligan a mantener.
Resumen (otro idioma):
Pal. clave: derecho internacional ; derechos humanos ; derecho internacional público
Titulación: Programa de Doctorado en Derecho
Plan(es): Plan 500
Área de conocimiento: Ciencias Sociales y jurídicas
Nota: Presentado: 19 12 2024
Nota: Tesis-Univ. Zaragoza, , 2024
Aportación del TFG/M a la Sostenibilidad: Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
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Registro creado el 2025-03-24, última modificación el 2025-03-24
