Abstract: La justicia ha sido empleada por el poder como un mecanismo de control y regulación social. A través de la fiscalización de ciertos comportamientos entendidos como ilegales, los grupos de poder han pretendido preservar el orden y el statu quo ante cualquier alteración o amenaza interna. Su pretensión apuntaba a la conservación de su situación de poder, de sus intereses personales o, en última instancia, del propio Estado. Desde arriba, cualquier comportamiento que sea entendido como un potencial foco de peligro será, inmediatamente, situado fuera de la legalidad; el poder ¿crea¿ ilegalidades. Sin embargo, la aparición de la delincuencia responde a una variada casuística. Las acciones delictuales encuentran su propia lógica en el contexto económico, social, político, cultural o ético en donde se producen. No son simples actos marginales; detrás, encontramos razones que los explican. Desde abajo, la existencia del delito supone la no aceptación por una parte de la población de los dogmas económicos, políticos, éticos, etc., que el poder determina como idóneos y protege mediante el castigo penal. Los comportamientos ilegales en Zaragoza durante la II República, la Guerra Civil y el franquismo fueron constantes, variados y alcanzaron a todas las esferas de la vida. El análisis de los delincuentes nos indica que la delincuencia no se circunscribía únicamente a las clases sociales más bajas, si bien estas eran las que infringían la ley en un mayor número. Elementos pertenecientes a las clases altas, a las estructuras de poder o con buena situación económica también delinquían. Sin embargo, a ambos grupos les movían incentivos bien distintos. Tanto la justicia republicana como la franquista otorgaron mayoritariamente veredictos condenatorios para estas acciones ilegales. No obstante, existió una diferencia: la justicia ordinaria franquista tuvo como objetivo la ejemplaridad y la punición, antes que la reinserción o recuperación del infractor. Finalmente, a través del análisis cualitativo de las sentencias criminales observaremos la existencia de continuidades delictivas entre ambos períodos, pero, también, de algunas nuevas infracciones durante la dictadura. En efecto, pues como fenómeno social, la delincuencia permanece constante, se modifica o se adapta a los cambios políticos, económicos, culturales, etc., acaecidos en el entorno donde surge.