Hacia un Estatuto del Futbolista Profesional y sus Derechos y su acomodo en un Modelo Europeo del Deporte

Sánchez López, Alejandro
BERMEJO VERA, JOSÉ (dir.) ; ELOSEGUI ITXASO, MARÍA (dir.)

Universidad de Zaragoza, 2018


Abstract: El deporte es –sin duda- el fenómeno social más importante en la actualidad desde su expansión durante el siglo pasado. Y como tal, ha de ser regulado desde el sector público a pesar del origen tradicionalmente privado de la actividad. Y a pesar también de su relevancia, pues este sector social –especialmente en su vertiente profesional- no dispone de un entramado jurídico a su altura. Y ni mucho menos, es regulado por un conjunto de normas claras y libres de conflicto. Creo es posible avanzar hacia una clarificación del sistema normativo del deporte entre los sectores público y privado, delimitándose legalmente las competencias de cada uno de ellos a fin pueda desarrollarse la actividad deportiva –reitero profesional- sin injerencias ni interferencias entre ambos sectores normativos. Pero con sujeción en todo caso del deporte al ordenamiento jurídico general, del que depende y forma parte. Y todo ello partiendo y siendo consciente de la heterogeneidad, amplitud y complejidad de una actividad que dificulta más aún si cabe, la tarea.
Creo necesario partir de la distinción de las dos modalidades en que hay que dividir la actividad. Esto es, la situación –y el origen de la regulación- es muy diferente si se hace referencia al deporte amateur o profesional. Pero ambos –por pertenecer a un sector social de tal magnitud-, han de estar incardinados en el ordenamiento jurídico estatal o general. De ahí que no me guste la denominación de ordenamiento jurídico deportivo, pues el deporte y sus normas son sólo un subsector –parcialmente autónomo pero en todo caso dependiente- del conjunto normativo general. Máxime al tratarse de una actividad –dada su transversalidad-, con amplia incidencia en otros sectores sociales de la que es tangencial.
Por todo ello, soy partidario de la corresponsabilidad normativa público-privada en las dos modalidades deportivas, aunque si bien, creo que los problemas sociales -que se han trasladado progresivamente a los recintos deportivos- y el devenir social, hacen necesario un mayor grado de intervención pública en la actividad. Eso sí, el punto de equilibrio necesario entre ambos sectores normativos difiere según se trate de una u otra modalidad deportiva. De este modo, el deporte en su versión amateur ha de ser regulado públicamente con el apoyo o fomento subsidiario del sector privado –incluso como en el caso español creo esta modalidad ha de estar recogida en la Constitución, bien como principio rector de la política social, bien como derecho de los ciudadanos-. Pues el carácter lúdico, agonístico y social, y la relación con sectores como la educación y la sanidad de esta vertiente del deporte, así lo justifican. Sin embargo, es la delimitación del deporte profesional la que adquiere una mayor dificultad. Y lo hace por tratarse de una verdadera actividad económica de gran trascendencia –representa el 1% del PNB de la UE y el 2,5% del comercio mundial-, que ha virado hacia una profunda mercantilización en los últimos años. Esta marcada vertiente empresarial de la actividad –principalmente- creo es la que justifica el aumento de la intervención pública en el deporte profesional, pues la regulación privada del sector ha conllevado incluso -en ocasiones- la existencia de normas contrarias al derecho público. Y todo esto lo señalo siendo consciente de la especificidad de la actividad, que justifica –a mi entender, con carácter restrictivo y en todo caso ad hoc-, la vulneración de determinadas normas jurídicas y derechos fundamentales de los deportistas-. El aumento de la intervención pública en la materia evitaría la banalización y utilización expansionista de la citada especificidad, que el sector privado en numerosas ocasiones ha intentado –e intenta-, en pro de la mercantilización del deporte y en contra de los intereses de los propios deportistas.
En resumen, creo que en esta modalidad el equilibrio normativo debería consistir en la partición de los aspectos mera y estrictamente deportivos –y asumibles por el sector privado- y los de carácter colateral o circundantes –atribuibles al sector público-. Todo ello eso sí, sin perjuicio de que la especificidad de la actividad justifique –proporcionalmente y siendo analizadas caso a caso- determinadas vulneraciones del ordenamiento jurídico general, como por ejemplo, el derecho a la integridad física en el boxeo –coincido con cierto sector doctrinal en la teoría del riesgo asumible- o la restricción de movimientos de los deportistas profesionales –y con ello la restricción a la libertad de movimientos- fuera de los periodos de traspasos estipulados por las organizaciones privadas del sector.
La necesidad de aumentar el grado de intervención pública en el deporte profesional creo se aprecia claramente en los derechos de los deportistas profesionales. O más bien, en la vulneración que sufren los mismos durante el ejercicio de su profesión. Derivado todo ello de la profunda mercantilización que ha experimentado el deporte profesional en los últimos años por su regulación eminentemente privada. Este doctrinalmente llamado –de manera acertada- complejo de isla, creo ha favorecido esta situación; y por ello soy partidario de una mayor intervención pública en el sector que dote al mismo de una verdadera y efectiva seguridad jurídica.
Considero que la sociedad en la que vivimos –o más bien la ausencia de valores sociales de la misma- justifica una mayor intervención sobre ciertos derechos y libertades fundamentales de especial relevancia en el deporte. Y en concreto, sobre el límite de los mismos, pues la relatividad de éstos así lo exige mientras sean vulnerados reiteradamente. El derecho a la igualdad –efectiva, y no sólo por razón de género-; a la integridad física y moral; al honor, a la intimidad y a la propia imagen –todos ellos verdaderamente mercantilizados-; las libertades de circulación y residencia –con el ejemplo del Caso Bosman-; la libertad de expresión –y su carácter aparentemente ilimitado-; los derechos laborales –algunos de ellos inexistentes-; o el derecho a la igualdad de los discapacitados –únicamente declarativo-, son algunos ejemplos. Todos ellos creo justifican un mayor grado de intervención pública en la materia para evitar abusos y vulneraciones extralimitadas en los mismos. Progresivamente, y con la asunción del deporte por parte del poder público, algunos de ellos se han corregido. Pero lo cierto es que los derechos –fundamentales- de los deportistas profesionales no son plenamente respetados y garantizados en el sistema deportivo actual.
El deporte –en Europa- se estructura piramidalmente de manera similar en los sectores público y privado. Y con la progresiva apertura, expansión internacional, y la elevada importancia de las Organizaciones Internacionales, la toma de decisiones sobre una gran cantidad de temas –plasmadas en las competencias de los diferentes niveles de gobierno- se lleva a cabo supranacionalmente. Y el deporte no escapa de esta estructuración. Por ello creo que es necesaria la creación de un verdadero modelo europeo del deporte, basado en normas jurídicas que doten de certeza al sector, y no en base a cuestiones prejudiciales del TJUE que solucionen a posteriori los conflictos planteados según vayan surgiendo. Con este punto de partida, y a través de la homogeneización o armonización de diferentes aspectos –según su importancia en el mercado único-, ir asignando las correspondientes competencias a los determinados niveles inferiores de gobierno –especialmente estatales- sería la actuación ideal. Con una mayor capacidad de gestión y dirección de las mismas en los centros de poder superiores, y de ejecución en los niveles de gobierno más próximos al ciudadano. Creo que avanzar hacia una convergencia europea del deporte es la postura correcta dada la integración de los Estados Europeos en la Unión. Ahora bien, soy partidario de una Unión más fuerte, verdadera y efectiva que se refleje también en el deporte continental. Pues la naturaleza extraterritorial de la actividad justifica plenamente su organización supranacional, tanto pública como privada.
Por último, la sociedad actual es en cierta medida violenta, racista, xenófoba e intolerante. Como reflejo social que es, estos fenómenos se manifiestan también en el deporte, a pesar de la esencia inclusiva, integradora y tolerante de la actividad. Y como problemas o cuestiones sociales que son –y que afectan por ello al conjunto de los ciudadanos-, creo justifican la intervención pública en el deporte para su erradicación. Máxime cuando en la actualidad estos episodios se han trasladado al exterior de los estadios y al centro de las ciudades. En definitiva, la relación deporte-sociedad apreciada claramente en estos fenómenos justifica una vez más la corresponsabilidad público privada del deporte profesional. Y la solución ha de proceder, como en todas las cuestiones aquí señaladas, de la actuación conjunta de ambos poderes. Honestamente, creo hay que saber reconocer los aspectos positivos de otros modelos que funcionen en cualquier sector social para que sean implementables total o parcialmente en la medida de lo posible. Y el modelo norteamericano del deporte –con una sociedad realmente violenta y racista-, creo es un buen ejemplo en el tratamiento de estos dos fenómenos. Es cierto que las particularidades sociales son diferentes en cada uno de los continentes, pero también es verdad que la concepción deportiva norteamericana hace que no se reproduzcan episodios de este tipo ni en los estadios ni fuera de ellos. Por todo ello, estudiar que elementos del modelo norteamericano –como el papel de las Universidades como nexo de unión entre deporte amateur y profesional, por ejemplo- podrían implantarse en el europeo puede ser realmente útil y fructífero para obtener determinados beneficios sociales a presente y a futuro, no sólo en lo que a violencia y racismo se refiere.


En conclusión, existen numerosos aspectos del deporte –sobre todo profesional- que justifican un aumento de la cota de intervención pública en el mismo y la convergencia del sector hacia un modelo europeo del deporte. La expansión del fenómeno deportivo –en todas sus vertientes y en numerosos aspectos- creo es justificación suficiente para ello. Especialmente desde el punto de vista del deportista profesional –en principio con los derechos inherentes a cualquier trabajador y a cualquier ciudadano-, actor central de la actividad y frecuentemente mercantilizado por el interés de las organizaciones privadas del sector.


Abstract (other lang.): 

Pal. clave: derechos humanos ; deporte

Titulación: Programa de Doctorado en Derechos Humanos y Libertades Fundamentales
Plan(es): Plan 501

Department: Derecho Penal, Filosofía del Derecho e Historia del Derecho

Nota: Presentado: 20 12 2018
Nota: Tesis-Univ. Zaragoza, Derecho Penal, Filosofía del Derecho e Historia del Derecho, 2018


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 Record created 2019-02-06, last modified 2021-05-20


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