Resumen: La contratación pública tiene una enorme importancia para el funcionamiento del sector público. Contar con una normativa que, en el marco de las Directivas, permita alcanzar los objetivos primarios y estratégicos de la contratación resulta esencial. Garantizar la obtención de obras, servicios y suministros en condiciones óptimas ha de ser compatible con otros fines ambientales, sociales y económicos y tal es uno de los objetivos fundamentales de la última normativa europea. Pero en España, en parte como reacción a los casos de corrupción que se van conociendo, en parte por pura inercia normativa escasamente reflexiva, nos hemos dotado de una normativa básica extensísima, alejada del propósito simplificador promovido desde la Unión Europea, que dificultará, en lugar de favorecer, el logro de los objetivos primarios y estratégicos de la contratación. La estructura de gobernanza, por lo demás, determina una suerte de tutela del Estado sobre el resto de entes del sector público que, al margen de su débil cobertura competencial, parece poco justificable en el Estado autonómico. Idioma: Español Año: 2018 Publicado en: Revista aragonesa de administración pública Monograf. 18 (2018), 59-90 ISSN: 1133-4797 Originalmente disponible en: Texto completo de la revista